La transformación digital no solo implica un incremento en la eficiencia y rapidez de los procesos legales habituales, forma parte de la cuarta revolución industrial, y por lo tanto, es necesario una reconfiguración completa de cómo se administra la justicia. ¿Porque?
En el sector publico los sistemas judiciales están adoptando plataformas digitales para garantizar el acceso a la justicia, reducir la burocracia y tener un mayor control sobre el creciente volumen de datos. En el sector privado las herramientas de inteligencia artificial ya se están utilizando para asistir en la revisión de documentos, predicción de decisiones judiciales y resolución de disputas en línea (ODR). Vale la pena mencionar los siguientes casos:
- El proyecto de implementación de la IA Prometea en la administración publica de Argentina, surge a raíz de la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento (Ley Nro. 27.570) cuyo objeto esta enfocado en fomentar la investigación, creación, diseño, producción y el desarrollo de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial.
- En países como México y Colombia, el sector privado ha adoptado cada vez más herramientas Legaltech para la automatización de contratos y procesos legales. Empresas como Abogabot en México y LexBox en Colombia ofrecen plataformas a despachos y publico interesado en general la generación automática de contratos personalizados, almacenamiento seguro y firma digital.
La transformación digital en la administración pública, implica un mayor control y gestión de datos, que pueden ser usados para la vigilancia masiva.
Cuando los gobiernos acceden a grandes cantidades de información personal a través de tecnologías avanzadas, existe un riesgo real de violación del derecho a la privacidad, la libertad de expresión y asociación.
Antes de seguir desarrollando, es importante tener en cuenta que...
"la seguridad digital no tiene nada que ver con ocultar o decir algo concreto, o con relacionarse con alguien en particular. De lo que se trata es de proteger nuestra capacidad de hacerlo. Lo que un gobierno considera perjudicial, peligroso o ilegítimo cambia tan a menudo como cambian los propios gobiernos. Si lo que decimos o pensamos, o las personas con las que nos relacionamos, le resulta molesto a un nuevo gobierno, esta protección es esencial." (Amnesty International, la seguridad digital y los derechos humanos)
Para que la transformación digital sea adecuada en un estado de derecho donde se respeten los derechos fundamentales digitales de los ciudadanos, se necesitan normas que garanticen esos derechos. Sin embargo, a nivel mundial, estas normativas aún son insuficientes. La mayoría de las referencias actuales se centran en la comercialización y uso práctico de la tecnología, dejando de lado la protección efectiva de los derechos humanos en entornos digitales.
Entonces...¿Confiriendo más poderes cobre los datos digitales de los ciudadanos al estado, se ayudará a proteger la seguridad nacional?
La realidad es que los gobiernos recogen más datos de los que realmente necesitan y sobre un grupo determinado de personas, esto no es algo nuevo y siempre se ha hecho, lo que resulta en la violación de nuestro derecho a la privacidad y facilita otros abusos a través del uso inadecuado de la información recolectada, a su vez, esto beneficia la vigilancia masiva selectiva.
Un ejemplo claro de vigilancia masiva selectiva es el gobierno vietnamita, quienes realizan constantemente ataques hacia defensores de DDHH, activistas y ONGs que denuncian violaciones de derechos humanos en el país. Se utilizan correos electrónicos con malware y sitios web falsos para comprometer las cuentas de los activistas, así como software malicioso para interceptar llamadas e información general.
No obstante, hay avances en la conciencia jurídica sobre estos temas. Por ejemplo, el 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las leyes británicas que permitían la vigilancia masiva violaban el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, luego de demostrarse que una agencia GCHQ del Reino Unido, recolectaba los datos vinculados a las comunicaciones privadas sin el conocimiento de los ciudadanos, estableciendo un precedente importante.
El equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos humanos debe ser una prioridad. Sin marcos normativos sólidos y adecuados que protejan los derechos digitales, las herramientas que facilitan el progreso también pueden ser utilizadas para la vigilancia y el abuso de poder. Por ello, es imprescindible que el desarrollo de estas tecnologías vaya acompañado de regulaciones que garanticen la privacidad, la seguridad y la libertad en el entorno digital.
Fuentes jurídicas:
Fuentes relacionadas:
- El impacto de la Inteligencia Artificial en Argentina: marco regulatorio, desarrollo del legaltech y derecho comparado
- Vigilancia Ilegítima en Vietnam
- Pegasus: Software espía Israelí
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en contra de la vigilancia digital masiva
Eleonor M. Arias H.
Abogada egresada de la Universidad Monteavila (UMA)
Leadership Student en Aspire Institute, Cohorte 2025
Caracas, Venezuela.
.png)
0 Comentarios